El artículo 4.2 del Decreto Legislativo N° 1342 dispone que los operadores del sistema de justicia evitarán usar términos en latín u otros arcaísmos que dificulten la comprensión de las expresiones y términos legales que contienen sus actos o resoluciones. A primera vista, el texto aludido parece ser de poca importancia. No es así.
Los pronunciamientos judiciales deben ser claros y asequibles en su entendimiento por los ciudadanos que requieren de justicia. Ya en las comisiones que elaboraron el Código Civil de 1984 se discutió si las normas legales debían estar redactadas de forma que sean comprensibles para los letrados o para la generalidad de las personas.